El retorno de los brujos

Un audaz comentarista del periódico “Lannación” de Buenos Aires, sostiene que la citación como imputada en una causa penal de la ex presidente constitucional María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, en la cual podría ser condenada por violaciones a los derechos humanos cometidas hace más de 30 años, probaría en forma definitiva que la supuestamente independiente justicia argentina, estaría regida desde el Poder Ejecutivo Nacional.
La nota, elaborada bajo el sugestivo título de “Una decisión política”, llega a señalar que «Ningún juez federal tomaría determinaciones como la de pedir la captura de la ex presidenta Isabel Perón o de investigar a fondo los crímenes de la Triple A si percibiese que semejantes actos incomodarían al gobierno nacional».
Agrega que «al oficialismo no le vendría nada mal que, al menos por unos días, deje de hablarse de los desaguisados del caso Gerez y se comience a discutir la supuesta responsabilidad de Isabelita en las desapariciones de personas».
Esta extemporánea revisión de un pasado olvidable y comprometedor para tantos beneficiarios del actual régimen, sin embargo, no será completa: «La revisión de nuestro pasado tendrá, sin embargo, un límite. Nadie en el gobierno nacional ni en la Justicia piensa que haya que investigar los crímenes cometidos por las bandas guerrilleras que actuaron durante los años 70», aunque con este tipo de decisiones judiciales promovidas desde el Gobierno, «se ha roto un viejo pacto político, que data de 1983 ...(por el cual) las investigaciones sobre los desaparecidos no contemplaran situaciones anteriores a la llegada de los militares al poder».
Haciendo funcionar dicho pacto político, otro de los citados, Carlos Ruckauf, quien fuera Ministro de Trabajo hasta 1976 y más tarde gobernador de Buenos Aires y canciller, manifestó sorprendido: «Nosotros fuimos víctimas, no cómplices», opinión que parecen no compartir el juez, el fiscal y los denunciantes.
Por una antañona regla constitucional que siempre se ha considerado una garantía importantísima contra la tiranía, que atañe a la división hermética entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y tiene su origen histórico en las prácticas de la monarquía tradicional, que retenía para sí, a modo de prerrogativa real, el juzgamiento únicamente de aquellas causas en las cuales uno del pueblo fuera apelante, el poder ejecutivo nacional no debería nunca “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”, ni siquiera en los casos excepcionales de las emergencias nacionales conocidas como “estado de sitio”. Y mucho menos por interpósita persona, algo que sabe a los argentinos como una burla intolerable. Razones que el articulista, sin mencionarlas a todas expresamente, expone como causales seguras de un profundo malestar entre la población argentina; a lo que debe agregarse como agravante que la población sigue siendo mayoritariamente peronista, y sentirá el agravio de verse vulnerada la memoria del líder de ese movimiento en la persona de su viuda, ultrajada por un Gobierno que nunca contó con las mayorías constitucionales para gobernar, y al cual el peronismo histórico, “prestó” su tolerancia política, a fin de sofocar los efectos deslegitimantes de la desordenada huida del presidente De la Rua en diciembre de 2001.
Esta nueva aventura mediática del Gobierno luego del farsesco traspié del caso Gerez, urgido por su postergada “revolución progresista” a usurpar a cualquier precio aquel mismo poder político que lo ungiera tres años y medio atrás, por medio de un encumbramiento artificial, es muy probable que le cueste un final abrupto, doloroso e inesperado, a manos de aquellos mismos mentores de tres años atrás; y sin poder disponerse al presente, del recurso a un balsámico “golpe militar” que los rehabilite en el futuro como víctimas de alguna chirinada de cuartel o de una dictablanda peregrina, y alimente su egolátrica esperanza de retornar mágicamente al poder.